El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, una carta en la que pide la reconsideración de los criterios planteados por su Ministerio en el reparto por Comunidades Autónomas de los 7.000 millones de euros del plan de ayudas directas a empresas.
Fernández Carriedo argumenta que la existencia de una distribución previa de cuotas entre comunidades «puede generar desigualdades entre empresas, pymes, autónomos y profesionales en función de su localización». Por ello, considera que lo deseable hubiera sido una «igualdad de trato» en las condiciones de acceso a las ayudas, independientemente de su ubicación.
Asimismo, el consejero indica en la misiva que «los criterios de reparto son injustos», al perjudicar especialmente a comunidades autónomas con los mismos problemas que Castilla y León.
En esta línea, manifiesta que lo más correcto es que el modelo de gestión y la distribución de los recursos se hubiera acordado con todas las comunidades, por lo que desde Castilla y León se lamenta la ausencia de una consulta para tal fin.
Por otra parte, el consejero de Economía y Hacienda señala a la ministra que la Comunidad tiene propuestas relacionadas con la inclusión de algunas actividades productivas que han quedado al margen de las ayudas y que, en caso de haber tenido la oportunidad, se hubieran podido dar a conocer.
Por último, en la carta solicita la convocatoria, a la mayor brevedad posible, de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para poder abordar estas cuestiones y lograr una coordinación entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas en un momento tan difícil como el que se vive actualmente.
