El nuevo concejal del Partido Popular de Doñinos, Carlos Javier Casado ha tomado posesión de su cargo en el pleno extraordinario celebrado en la tarde de ayer.
La toma de posesión Carlos Javier Casado Martín como concejal del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca ha iniciado el pleno extraordinario celebrado ayer por la tarde. Una sesión en la que Casado ha prometido su cargo de edil del Grupo Popular del municipio, tras la renuncia de Francisco Javier Jiménez por motivos de salud.
A continuación, y por unanimidad se han adjudicado los contratos de los dos proyectos de eficiencia energética asociados al programa de fondos europeos DUS 5000 por un valor total de 870.000 euros. Las obras incluyen la rehabilitación energética de los edificios municipales por importe de 287.329 más IVA y la sustitución de las luminarias de todo el alumbrado público exterior y los cuadros eléctricos del municipio, que supondrá una inversión de 340.850 euros más IVA.
Finalmente, el punto que centró el debate de la sesión extraordinaria se quedó sobre la mesa por un defecto de forma en la redacción del mismo. Aunque inicialmente la mayoría de los grupos municipales (PP, PSOE y Vox) dieron luz verde al inicio de acciones legales contra las empresas encargadas del ciclo del agua en Doñinos durante el mandato del anterior equipo de Gobierno, por el presunto cobro de trabajos cobrados «por empresas fantasmas y un trabajador fantasma» y no realizados en su totalidad.
Una situación por la que el actual Gobierno encargó un informe técnico a una empresa externa, que ha determinado que de las facturas emitidas sobre las reparaciones en las bombas de agua, han quedado obras sin ejecutar 12.760 euros, además de no poder continuar con el control del ciclo del agua porque el sistema informático que en teoría está instalado no funciona. Por ello, los distintos grupos municipales, excepto Ciudadanos, exigen «que «responsabilidades y la revisión total de lo ejecutado por estas empresas».
En este sentido, reconocen que «el control del agua es muy importante y a día de hoy no existe; por eso hay dos opciones: que terminen los trabajos iniciados o que devuelvan el dinero», han insistido desde el equipo de Gobierno. Asimismo, los portavoces de PP, PSOE y Vox han insistido en que una vez que la Justicia se pronuncie, «también exigiremos responsabilidades políticas a aquellos concejales implicados en esta gestión».
Una actuación que no se podrá llevar a cabo de momento, tras denunciar desde Ciudadanos «la presunta irregularidad cometida al realizar un contrato privado para encargar un informe pericial sobre un asunto que no ha sido aprobado», ha reconocido el portavoz municipal, José Manuel Mateos. La no aprobación del acuerdo del pleno donde solo se dio cuenta ni del dictamen de la comisión es lo que ha impedido iniciar este proceso judicial, por lo que el equipo de Gobierno volverá a convocar otro pleno extraordinario con las correcciones oportunas para que la Justicia aclare esta situación que ha supuesto a las arcas municipales unos 240.000 euros.
Por ello, se ha dejado sobre la mesa. No obstante, el secretario municipal ha dejado claro que «la presunta irregularidad pudiera existir en la contratación del informe con respecto al punto del orden del día, pero no resta fuerza al contenido del mismo».
