La anulación por parte del Tribunal Constitucional del impuesto de la plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) cobrado por los ayuntamientos ha desatado la preocupación en los municipios y sobre todo «incertidumbre» por el agujero que puede generar en las arcas municipales si se aplica con retroactividad.
Aunque todavía habrá que esperar, ya que en estos momentos, Hacienda va a revisar la constitucionalidad del impuesto y ya ha iniciado el estudio de la fórmula para garantizar seguridad jurídica a los contribuyentes y a los ayuntamientos, las consecuencias inmediatas van a repercutir en la elaboración de los presupuestos para 2022, en la que ya están inmersos los responsables municipales. Presupuestos en los que ya va a quedar reflejada esta reducción de ingresos, ya que el cobro de las plusvalías actualmente supone la segunda fuente de ingresos de los ayuntamientos, detrás del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Lo que está claro es que el impuesto se va a seguir pagando, salvo cuando un contribuyente venda, done o herede una vivienda.
La sentencia considera que el cálculo del impuesto es inconstitucional al entender que el sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad, y anula los artículos en los que se establece el método objetivo de determinación de la base imponible del impuesto que determina que siempre haya existido un aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, independientemente de que haya existido ese incremento y de la cuantía real del incremento.
Ante esta situación, Santa Marta y Carbajosa serán los dos ayuntamientos del alfoz que se verán más afectados y sufrirán las consecuencias inmediatas de esta decisión. Santa Marta será el que deje de ingresar el mayor volumen con 481.000 euros que percibía de forma anual por este impuesto, seguido de Carbajosa que estima que dejará de recaudar 250.000 euros aproximadamente. «Nos afecta de forma importante porque es un dinero que dejamos de tener para invertir en otras actuaciones y servicios para los vecinos», ha reconocido el alcalde, Pedro Samuel Martín.
El alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha manifestado ante esta sentencia de inconstitucionalidad que «es una tropelía que el Gobierno haya tenido casi 3 años para regular algo que ya se indicó por el Tribunal Constitucional en 2018 y que era que había que modificar la legislación. No se ha hecho nada y ahora nos encontramos que los presupuestos municipales van a sufrir un varapalo muy importante, que en cuentas tan estrechas como las de los ayuntamientos va a ser muy difícil cubrir». En este sentido, Mingo ha recordado que estas cuentas de los ayuntamientos «son con las que se pagan servicios básicos de la población que en muchos casos no son propios sino que deberían ser prestados por otras administraciones, entre ellas el propio Gobierno, que con su falta de trabajo ha provocado esto». El alcalde santamartino se muestra indignado: «El gobierno tiene que actuar ya y exigimos al Gobierno de España una solución, como por ejemplo la creación de algún fondo de compensación por la pérdida de ingresos de los ayuntamientos en 2022».
El municipio de Villamayor mantiene el impuesto de la plusvalía y la medida no tendrá un gran impacto para las arcas municipales, ya que contemplaba una partida de 10.000 euros por este concepto, «lo que supone el 0,2% de los recursos de ingresos ordinarios con lo que la repercusión será mínima». Además, «ya teníamos bonificadas las plusvalías por herencia y habíamos bajado el importe, y no quedan muchos sectores urbanísticos por desarrollar», como ha asegurado el primer edil, Ángel Peralvo. En este sentido, ha insistido en que «aprobamos esta exención en esta legislatura porque no creemos que fuera justo cobrarla en negocios mortis-causa o donaciones de padres a hijos». Por ello, Peralvo ha subrayado que con 5,5 millones de presupuesto de ingresos «esto, si al final lo quitan, que no está claro, poco nos afectaría».
Misma disposición en la que se encuentra Doñinos, cuya recaudación oscila entre los 5.000 y 10.000 euros, «por lo que nos afecta poco y la repercusión será mínima», ha señalado su alcalde, Manuel Hernández.
Por su parte, Cabrerizos, que también tiene plusvalía, pero el alcalde en funciones, Jesús Quintero, se ha mostrado prudente hasta recopilar los datos exactos y prefiere «esperar hasta que se conozca la fórmula para el cobro y saber si se aplicará con efecto retroactivo, porque eso sí repercutirá de manera importante».
En cambio, otros municipios como Villares y Castellanos no se verán afectados por esta medida al haber eliminado ya este tributo.
