El próximo 24 de enero los vecinos de Castellanos de Villiquera han convocado una concentración ciudadana para mostrar su rechazo contra la instalación de una planta de biometano en el municipio. Una decesión que han tomado «tras conocer el proyecto de manera indirecta y sin información previa por parte del Ayuntamiento».
Según denuncian los ciudadanos, que se están organizando para crear la plataforma ciudadana ‘Stop Biogás Castellanos de Villiquera’, el Consistorio no ha ofrecido información pública ni explicación alguna a sus vecinos sobre el proyecto. Una situación que «ha generado una profunda preocupación y malestar entre la población», que considera que «se ha actuado sin transparencia y sin participación ciudadana, lo que pone de manifiesto una gestión deficiente y un oscurantismo en la toma de decisiones que afectan no sólo a la población de Castellanos de Villiquera por parte del equipo de Gobierno encabezado por Santiago Castañeda».
Según comentan los vecinos, se ha tenido conocimiento de esta iniciativa «gracias a la colaboración de asociaciones de otros municipios, como Villamayor y Machacón, así como a raíz de una reunión informativa celebrada el pasado 16 de enero en Calzada de Valdunciel, en la que se abordó la implantación de este tipo de infraestructuras en la comarca y la región». A partir de ahí, según explican los vecinos, «nos hemos visto obligados en tiempo récord a presentar las alegaciones a la solicitud de autorización ambiental y al estudio de impacto ambiental antes del 20 de enero de este año ante la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León».
La preocupación entre los vecinos de Castellanos de Villiquera ha encontrado la colaboración del Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel, municipio vecino que también podría verse afectado por la instalación de la fábrica. Por este motivo, ha habilitado hoy de manera extraordinaria el registro del Ayuntamiento para poder presentar alegaciones, alcanzándose las 300 reclamaciones, según informan los vecinos de Castellanos.
Además del «secretismo», la preocupación y desconfianza vecinal se acrecienta por las consecuencias ambientales y los efectos en la calidad de vida en la zona, ya que, según aseguran, se trata de una planta con una capacidad cercana a 200.000 toneladas al año, lo que conllevará un incremento del tráfico pesado, ruido, suciedad y los olores que emanarán constantemente con las toneladas de purines y residuos orgánicos que llegarán.
