La Asociación Unión y Progreso de la Mujer Romaní ha puesto en manos de la Brigada especial de delitos de odio antigitanismo el caso de discriminación sucedido el pasado domingo en Villares de la Reina al impedir el acceso a las piscinas municipales a personas de etnia gitana.
Una situación que no se trata de un caso aislado, porque, como afirma la presidenta de la asociación, Almudena Navarro, tienen confirmado «según testigos presenciales, que ha sido no solo a una familia sino a varias personas gitanas» a las que ya le han denegado la entrada al recinto público «siendo vecinos y hasta presentando su certificado de empadronamiento en el municipio».
La única justificación que les ofrecieron para no dejarles entrar «era que el año pasado hubo problemas con una familia concreta y que las personas gitanas no podían entrar», respuesta incalificable que, como insiste la presidenta, es un criterio que no pueden establecer por norma «porque esetamos de acuerdo que si alguien, sea gitano o no, no se comporta o genera problemas, hay un control o personal autorizado para expulsarlo, pero sin haber hecho nada no pueden prohibir el paso a un espacio público».
El equipo jurídico de Mujer Romaní ya está trabajando y ha abierto diligencias previas para esclarecer la realidad de los hechos y tomar las medidas oportunas para presentar la correspondiente denuncia por este suceso. «Una situación muy injusta, que además se hace con personas vulnerables», afirma Navarro, quien incide en que el objetivo «es que no vuelva a ocurrir y no se vuelvan a producir este tipo de situaciones».
Una circunstancia «injusta e incómoda para todos, que, además, sufren también los niños esa discriminación, que no entienden por qué no pueden entrar a la piscina, y con lo que pretenden enfrentar a toda la sociedad y eso es muy grave», concluye Almudena Navarro.
