El alcalde de Santa Marta, David Mingo, acompañado por los concejales de su equipo, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para explicar la moción de urgencia presentada y aprobada ayer en el pleno ordinario sobre la imposición de aplicar el coste íntegro de la tasa de basuras a los vecinos por imposición del Gobierno central.
En este sentido, el Grupo Popular ha vuelto a expresar su «rotundo rechazo» a esta medida, contra la que «presentaremos iniciativas para que se anule esta imposición legal y vamos a pelear para que esto no sea así». Por ello, «pedimos al Gobierno su retirada, cómo se tiene que aplicar y que no se obligue a que tenga que ser el vecino el que pague el 100% del coste de la tasa».
En el caso de Santa Marta, el Ayuntamiento estima en unos 400.000 euros el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, cuya recaudación debe repercutir íntegramente a los vecinos.
Según los cálculos realizados, el recibo aumentará en 2,89 euros al mes para el 70% de los contribuyentes del municipio en vivienda en bloque, que deberán pagar a partir del primer trimestre de 2026. Un periodo que coincidirá con el padrón cobratorio de la tasa de agua, lo que supone agravar la presión fiscal a los vecinos. «Algo que no queremos que sea así y nunca hemos querido, como demuestra que hace 18 años que se mantienen las tasas y los impuestos municipales congelados, por eso no queremos que el vecino sufra la carga de algo que ha venido impuesto y que nos hemos visto obligados a aprobar para cumplir con la ley. Estamos manifiestamente en contra de esta medida, pero no podemos no aplicarlo porque de lo contrario incurriríamos en responsabilidades legales».
La proposición del Grupo Popular insta, además de al Gobierno de España, al Congreso, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca y a la vicepresidencia del Ministerio de Transición Ecológica, «que es quien ha activado esta regulación, para que sean conscientes de esta solicitud de retirada de la Ley, que es la de mucha gente en esta provincia y creo que en todo el país, que se estudie reglamentariamente cómo tiene que aplicarse y que no se obligue a que sea el vecino el que tenga que asumir el cien por cien de esta medida», ha insistido Mingo.
Así, los tres puntos centrales que incluye la moción del Grupo Popular para justificar esta medida «que es una aberración y una auténtica barbaridad», ha expresado el alcalde indignado, son:
1) La directiva europea no exige que se tenga que establecer la obligatoriedad de que los vecinos tengan que asumir el 100% de la tasa. «Es una imposición del Gobierno central, que ha querido que sea así y que no hay capacidad de actuación por parte de los ayuntamientos». Al establecer que no pueda ser deficitaria, «está obligando a que se repercuta a los vecinos. No queremos, pero no han obligado a ser meros recaudadores del Estado»
2) Atenta frontalmente contra la autonomía municipal, porque «se aplica lo que no dice una normativa europea».
3) El Gobierno que recibirá la recaudación de este tributo «no ha establecido ningún marco para que podamos establecer unas ordenanzas con garantías desde el punto de vista jurídico y ya que los han establecido en contra de nuestra voluntad, que nos digan cómo y de qué manera lo tenemos que aplicar».