La obligatoriedad de la aplicación de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular ha reunido esta tarde en Carbajosa a los alcaldes de los principales municipios no mancomunados que deberán repercutir el coste íntegro de la tasa de basura a sus ciudadanos, incluida la parte que hasta ahora asumían los ayuntamientos.
Una medida con la que «no estamos de acuerdo, pero estamos obligados a cumplir», han reiterado los alcaldes de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín; Santa Marta de Tormes, David Mingo; Guijuelo, Roberto Martín; Villamayor, Ángel Peralvo; y Doñinos, Agustín Rodríguez, y han insistido en que «esta subida es un problema institucional, ni siquiera de un partido político. No responde a una decisión política local, ni a un cambio en nuestra forma de gestionar y atenta contra el principio de autonomía municipal», ha remarcado el dirigente santamartino, David Mingo.
Todos ellos, han criticado que esta actualización de la tasa de basuras «no es una medida agradable para ninguno y somos plenamente conscientes del esfuerzo que supone para las familias y para los vecinos, pero también somos responsables de explicar con transparencia por qué se produce y qué la motiva», ha señalado Pedro Samuel Martín.
El rechazo a la nueva normativa radica en que «el Gobierno central ha ido más allá de lo que exige Europa, imponiendo condiciones que ni siquiera figuran en la directiva comunitaria, como la obligatoriedad de esta tasa y que cubra la totalidad del coste».
Medida que obliga a los ayuntamientos a tener una tasa específica y no deficitaria para la gestión de residuos, «lo que nos fuerza a repercutir el coste real del servicio a los vecinos» a partir del 1 de enero de 2026, tras la moratoria concedida por GIRSA (Consorcio para la Gestión Integral de Residuos de la provincia de Salamanca).
Por este motivo, estos consistorios articularán «las medidas necesarias para trasladar al Gobierno central el rechazo a esta normativa», que, como han señalado «además de generar problemas con los vecinos, implica hacer una ordenanza específica para que se ciña a esta ley, pero el problema es cómo lo hacemos y atendiendo a qué criterios sin ocasionar perjuicio», ha reconocido Peralvo.
Una de las primeras actuaciones será presentar en sus próximos plenos una moción para mostrar el rechazo a esta ley estatal.
En este sentido, los cinco dirigentes han señalado las dificultades económicas y técnicas para llevar a cabo la aplicación de este impuesto que supondrá un aumento para los vecinos que hasta ahora asumiamos los ayuntamientos bajo el principio de autonomías local. Mingo ha subrayado «la imposición de Pedro Sánchez y su Gobierno sin diálogo, sin una transición razonable, haciendo que tenga que ser repercutida a los vecinos, algo que no dice la directiva europea». Nosotros no queremos aplicar esta tasa, no queremos pero nos obligan haciendo que el ayuntamiento lo cobre, con nuestros sello y nuestro escudo pero que irá directamente al Gobierno central».
Una medida que, según han explicado, «se opone frontalmente a la gestión en el equilibrio y sin subir tasas durante años. Hemos congelado tasas y precios públicos, a pesar de que los costes han ido en aumento: energía, combustibles, materiales, cánones de vertido… Y en los últimos ejercicios, estos incrementos han superado los márgenes asumibles por las arcas municipales», han expresado indignados.
En cuanto al volumen de cifras que supone el coste y los ingresos por el servicio de recogida de basuras, cuya diferencia asumían hasta ahora los ayuntamientos son: en Carbajosa de los 400.000€ anuales se recaudan 180.000€ y ahora se están recalculando costes para saber finalmente cómo repercutirlo; en Guijuelo, el gasto del servicio es de 923.000€ frente a los 724.000€ que ingresa por esta tasa; en Santa Marta, para el 70% de los contribuyentes de vivienda colectiva la subida será de 2,89€/mes; en Villamayor por su parte, el Ayuntamiento tendrá que derivar una subida del 50% y Doñinos, también repercutirá una subida entre el 40-45%.
Aplicación del cobro del nuevo impuesto
A pesar de tener que cumplir la ley y aplicarla a partir del 1 de enero de 2026, los consistorios intentarán reajustar el calendario fiscal para que el recibo de basura no coincida con los padrones y periodos de pago establecidos de otros impuestos y tasas municipales para no gravar más la situación económica de las familias.
Posibles consecuencias del ‘basurazo’
El alcalde de Santa Marta no ha descartado consecuencias negativas y peligrosas para los ayuntamientos de producirse denuncias o recursos con una situación en la que haya que devolver las cantidades gravadas, ya que ya no se establece ninguna medida objetiva con la que calcular cuánto contamina cada vecino. «La idea es aplicar de manera lineal los porcentajes a la tasa existente, ya que no contamos con medios técnicos ni jurídicos para poder determinarlo».
