Es la principal conclusión a la que han llegado los representantes de la Plataforma Cuidamos Villamayor tras el encuentro mantenido anoche con los vecinos para hacer un frente común con el que evitar los problemas de malos olores, ruidos y vertidos provocados por la fábrica de grasas que llevan sufriendo desde hace años y con especial intensidad en los últimos meses.
Desde la plataforma ya están en contacto con una asesoría jurídica para iniciar acciones legales contra la empresa con el fin de exigir el cumplimiento de la totalidad de las medidas exigidas en el ejercicio de su actividad, porque «no nos oponemos a este tipo de instalaciones, lo que reclamamos es una ubicación adecuada que no afecte a la población, porque se sitúan a menos de 1 km. de zonas habitadas», han vuelto a insistir desde la plataforma.
En el encuentro vecinal informaron sobre a los asistentes sobre la reunión celebrada en la mañana de ayer en Valladolid con el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, y el jefe de Servicio de Prevención y Control Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Jaime Fernández Horcajo, para solicitar información de primera mano del estado en el que se encuentra el expediente 010-24-ROSA y 024-24-MSSA de Servcor Liogistic S.L.U. (antiguo Grupo Corral), así como de las plantas de Hidrógeno, Biometano y Biogás que tienen prevista su
instalación en el municipio vecino de Doñinos.
Una reunión que transcurrió en un «ambiente distendido, amable y constructivo», lo que no es un impedimento «para que persista nuestra preocupación ante los problemas que dichas instalaciones puedan ocasionar a los vecinos de Villamayor y localidades próximas, incluida la propia ciudad de Salamanca».
Respecto a la situación de la fábrica de grasas, los responsables regionales han explicado a los representantes de la plataforma ciudadana que en estos momentos se está terminando de redactar la autorización ambiental integrada por parte de los técnicos de la Junta y una vez finalizado se remitirá a las organizaciones y particulares que han presentado alegaciones como parte interesada para su conocimiento. A partir de ahí, se abrirá un plazo de diez días para hacer nuevas reclamaciones.
Además, se les ha reiterado que desde la Dirección General Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental se exigirá a la empresa la implantación de la totalidad de las mejores técnicas disponibles (MTD), que recoge la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2749 así como el compromiso de hacer un seguimiento exhaustivo por parte de los técnicos de la Junta para velar por el cumplimiento de todas las exigencias recogidas en el informe, además de la correspondiente sanción administrativa, que podría derivar en una suspensión temporal de la actividad de la empresa hasta que no se subsanen las deficiencias observadas.
Por su parte, la empresa ha informado que las tolvas nuevas, la nave de recepción de mercancía y el termo destructores de última generación que tenía que instalar estarán en funcionamiento en el mes de abril, medidas correctoras que tenía que acometer para cumplir con la normativa actual que exige su actividad.
Otra de las medidas propuestas por Cuidamos Villamayor en la Junta ha sido la necesidad de implantar sistemas de medición del nivel de olores. «Consideramos imprescindible implantar sistemas de medición fiables que sirvan para apoyar las denuncias que los ciudadanos pudiéramos presentar ante el servicio del Seprona o en el juzgado cuando se produzcan episodios de olor, como los que actualmente se siguen sucediendo, habilitando para tal fin la notificación presentada a través de la aplicación Nasapp». Una vía que contempla la colaboración entre empresa, Administración y ciudadanía para resolver el problema y que se ha tenido en cuenta, por lo que se recogerá en la autorización ambiental integrada, «de no ser así, presentaremos la correspondiente alegación a la misma, como se ha acordado en la reunión».
Respecto a las fábricas de Hidrógeno, Biometano y Biogás previstas para implantarse en Doñinos, la Junta ha explicado que son «iniciativas empresariales que la Administración debe atender, y si cumplen los requisitos exigidos nada pueden hacer, excepto si los informes técnicos preceptivos fueran negativos. En principio, «no ven ningún problema de seguridad ni de emisiones de olores», pero los representantes ciudadanos han reiterado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, «que debe tenerse en cuenta el impacto que estas plantas tienen sobre la población, el medio ambiente, la flora y la fauna debido a su emplazamiento» y le entregaron la situación de las plantas y los problemas que pueden llegar a ocasionar a Salamanca y su alfoz.
