La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto al resto de sindicatos han retomando la huelga de los funcionarios de Justicia de España, con un paro de 24 horas. Exigen al Gobierno que se reconozcan las funciones que llevan a cabo día a día, de manera legal y retributiva; así como la paralización y negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa, que pretende imponerse a través del rodillo parlamentario, y que tendrá graves consecuencias e ineficiencia en toda la administración de Justicia, señala Juanjo Banciella, responsable de Justicia de CSIF Castilla y León.
Una jornada de paro a la que han sido llamados unos 2.800 funcionarios de Castilla y León después del fracaso de la reunión celebrada entre el comité de huelga y el Ministerio de Justicia a finales de abril, y ante la falta de voluntad del Gobierno para alcanzar un acuerdo. En la Comunidad, el apoyo a la huelga ha sido de una media del 80%, «a pesar de que los servicios mínimos impuestos por el Ministerio sean desproporcionados y abusivos, para tratar de minimizar las consecuencias y tratar de visibilizar la mayor normalidad posible», dice Juanjo Banciella.
Además se han realizado concentraciones ante juzgados o las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León en las diferentes provincias, para recordar a la administración autónoma que no debe mirar para otro lado, y pedirle que haga las gestiones que estén en su mano, para trasladarle al Gobierno la necesidad de buscar un acuerdo y un consenso para resolver el conflicto laboral.