La Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, convocada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y que ha contado con la participación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ha acordado el reparto del presupuesto asignado a aquellas actuaciones de los Componentes 15 y 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.
El presupuesto total a distribuir, proveniente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del instrumento europeo Next Generation EU, asciende a 500 millones de euros, de los que 29,5 deberán ejecutarse por la Comunidad de Castilla y León.
En relación con el Componente 15 (Conectividad digital), la Junta de Castilla y León pondrá en marcha diferentes actuaciones, entre las que se encuentran el refuerzo de la cobertura de internet en centros públicos asistenciales o sociales; una línea de subvenciones para dotar de conectividad a polígonos industriales y centros logísticos; un programa de bonos de conectividad de banda ancha para familias y colectivos vulnerables; y una convocatoria de ayudas a la adecuación de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. De los 360 millones de euros destinados a estos fines en todo el territorio nacional, la comunidad de Castilla y León recibirá 22,1 millones.
En cuanto al componente 19 (Plan Nacional de Competencias Digitales), a Castilla y León le corresponden 7,4 millones de euros, de los 140 que han sido repartidos entre las administraciones autonómicas. El objetivo de este programa en la Comunidad es la formación digital de más de 35.000 ciudadanos antes de que finalice 2025, para la lo que la Junta de Castilla y León impartirá programas formativos en competencias digitales dirigidos a la ciudadanía, que tendrán como destinatarios prioritarios las personas mayores, mujeres, niños, jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión social.
Tipos de proyectos
Los criterios de reparto de los fondos entre las diferentes comunidades autónomas se han establecido en función del tipo de proyecto.
Así, en el programa de bonos de conectividad para colectivos vulnerables o en el de formación en competencias digitales se han tenido en cuenta los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística sobre el porcentaje de población en riesgo de pobreza o sobre el grado de habilidades digitales de la ciudadanía.
En la distribución de los fondos para dotar de cobertura polígonos industriales se ha tenido en cuenta la superficie territorial de cada comunidad y el número de empresas establecidas. Para las actuaciones de refuerzo de conectividad en centros públicos se ha tomado como criterio el dato de población.
Y respecto a los fondos del programa de ayudas para dotar de infraestructuras de telecomunicaciones a los edificios se ha evaluado el número de edificios que en cada comunidad carecen de este tipo de infraestructuras.
