El Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública, ANPE, ha realizado una valoración del curso escolar que acaba de terminar y que se ha caracterizado por la «controversia» en la implantación y desarrollo de distintos aspectos de la LOMLOE y donde el profesorado «vuelve a ser una vez más el gran olvidado, y continúa siendo la asignatura pendiente de la Administración Educativa». Un curso que ha sido «agotador», pero que «una vez más ha finalizado con el gran esfuerzo y
trabajo» del profesorado, «al que no solo no se le gratifica, sino que se le penaliza con el deterioro de sus condiciones laborales haciéndoles elegir entre sexenios y carrera profesional», como ha reconocido el presidente de ANPE Salamanca, Guillermo Bueno.
Una controversia derivada de la diferente actuación en la contratación de docentes de refuerzo en las Comunidades Autónomas, que para ANPE «ha ahondado aún más en la desigualdad entre territorios». Además, aspectos como los nuevos criterios de promoción de curso y titulación, que han entrado en vigor este curso escolar, o el desarrollo de los nuevos currículos que se aplicarán en los cursos impares a partir del próximo, han contribuido a aumentar la polémica.
Por ello, desde ANPE Salamanca, como ha asegurado su presidente: «Criticamos la aplicación de los nuevos criterios de promoción de curso y titulación que entendemos trasladan la responsabilidad a los centros y equipos docentes, sin un criterio claro y objetivo en cuanto al número máximo de materias suspensas para promocionar, generando entre el profesorado una situación de inseguridad jurídica». En este nuevo contexto, «pedimos a las administraciones educativas que respalden las decisiones que sobre promoción y titulación adopte el profesorado».
Por otro lado, este curso también ha estado marcado por la polémica respecto a los nuevos currículos que, en desarrollo y aplicación de la LOMLOE, deberán implantarse a partir del curso que viene, en los cursos impares, y en el curso siguiente en el resto de los niveles. Para ANPE es fundamental, de cara a la aplicación de estos nuevos currículos, «que se hubiesen publicado con la antelación necesaria que hubiese permitido al profesorado adaptar sus programaciones y obtener la formación y asesoramiento adecuados para ello». De hecho, reitera que en Castilla y León «hoy en día están pendientes de publicación».
Cuestiones a las que se suman los aspectos que afectan directamente al profesorado, como la aplicación de la Ley de estabilización, «fruto de un acuerdo entre algunos sindicatos y el Gobierno estatal», a los interinos docentes. Una Ley «que no ha sido ideada para el profesorado, sino para otros colectivos de empleados públicos, y que tiene difícil aplicación y encaje en el sector docente». Desde ANPE «hemos pedido al Ministerio que coordine estos procedimientos para paliar los desajustes que pudiera ocasionar especialmente la estabilización mediante la realización de los concursos de méritos de forma paralela por las comunidades autónomas. Resulta imprescindible garantizar que las plazas no se pierdan ni queden desiertas», ha insistido Bueno.
Otro de los aspectos en los que los docentes se ven involucrados están relacionados con la aplicación y desarrollo de la LOMLOE, tanto en lo referente a la integración del profesorado del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional, con el título de Grado o equivalente, en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria y, para ANPE «la cuestión más relevante, porque afecta a todo el colectivo docente», es el desarrollo y la aplicación de la disposición adicional séptima de la LOMLOE, que prevé la presentación de una propuesta normativa de desarrollo de la profesión docente en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley.
Por todo ello, desde ANPE «seguiremos exigiendo la negociación de todas esas mejoras, abordando aspectos tan esenciales como la equiparación salarial y de condiciones laborales del profesorado de todo el Estado, la reducción del horario lectivo y la disminución generalizada de ratios en todas las etapas educativas según el acuerdo firmado con las Organizaciones Sindicales con la Consejería en enero de 2022».
