La variación de los precios de las piscinas municipales ha centrado el debate entre el equipo de Gobierno y el Grupo Socialista en el pleno ordinario de Castellanos de Moriscos.
Mientras que los responsables municipales defienden el «incremento justificado» de las tarifas, que no se modifican desde el año 2015, los socialistas consideran que, aunque «a los que se castiga es a los vecinos de Castellanos, que son los que van a pagar esta subida». En este sentido, el portavoz municipal, Luis Minguela, ha señalado que se trata de una subida no excesiva y que viene motivada «por la actualización de precios, que no se modificaban desde el año 2015, y por la denuncia realizada por un vecino ante el Procurador del Común, que establece que no podemos tener precios diferentes para empadronados y no empadronados y hay que establecer una tasa única para todos los usuarios», ha afirmado Minguela.
Asimismo, el portavoz municipal ha insistido en que si se mantuviera como precio único los de 2015 «serían muy bajos y sería contraproducente para los propios usuarios del municipio, porque el recinto se masificaría con gente de fuera y también se perjudicaría al adjudicatario, que tiene que afrontar el aumento de los costes del servicio». Por ello, ha reconocido que se ha acordado establecer «un término medio hacia el precio que había de empadronado. Son precios muy razonables y asequibles». Un incremento de 0,50 céntimos en la entrada diaria (0,25 para menores de edad) y en los bonos de temporada 10 euros más y 5 euros más para los infantiles hasta 15 años.
Respecto a la ordenanza de ocupación de la vía pública con mesas y sillas, es decir, la instalación de terrazas en los bares, la Corporación ha aprobado por unanimidad retomar el pago de la tasa, una vez que se ha vuelto a la normalidad «tras dos años de excepcionalidad, en los que se concedió la exención en el pago a los cuatro establecimientos hosteleros del municipio». Una exención que no supone una cuantía excesiva «ni para el Consistorio ni para los bares», ya que en la liquidación de la última tasa de 2019 fueron unos 700 euros al año, lo que supone poco más de cien euros por bar. Además, se recordará a los establecimientos la obligatoriedad de respetar las limitaciones de ocupación y permitir el paso de los peatones.
Asimismo, el pleno ha ratificado por unanimidad la autorización de la Diputación para traspasar la titularidad del tramo urbano de la travesía al Ayuntamiento y la adhesión del municipio a la red de ‘Municipios contra el Maltrato Tolerancia Cero’.
