La Plataforma Cuidamos Villamayor se ha reunido en la mañana de este miércoles con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca para volver a exigir el cierre cautelar de la fábrica de grasas ubicada en el término municipal de Doñinos, pero más cercano a Villamayor y que afecta directamente a sus vecinos por los graves problemas de olores nauseabundos, insoportables e insalubres, que ocasiona desde hace años tanto al municipio como a Salamanca y otras localidades del alfoz.
Un encuentro en el que, como aseguran desde la agrupación ciudadana, «la propia Administración ha reconocido los numerosos incumplimientos legales y ambientales que arrastra la instalación desde hace años». Por ello, reclaman que la Junta «pase de los reconocimientos y las declaraciones, a los hechos, adoptando las medidas previstas en la normativa ambiental para garantizar la protección de los vecinos y evitar que la planta continúe funcionando mientras persistan los incumplimientos detectados».
Los representantes de Cuidamos Villamayor que han acudido a la reunión junto a su abogado, han analizado las últimas inspecciones oficiales y, a la espera de la auditoría realizada el 20 de mayo por el Laboratorio Regional de Castilla y León, aseguran que «estos documentos ponen de manifiesto importantes deficiencias e incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada por parte de la empresa».
Ante esta situación, la Plataforma ha solicitado formalmente «la adopción de medidas cautelares urgentes, entre ellas la paralización temporal de la actividad hasta que la empresa acredite el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones ambientales impuestas por la normativa vigente y que se recogen en la Autorización Ambiental redactada por la JCyL en julio de 2025, que debería haber entrado en vigor en enero de este año 2026».
«Trasladamos a los representantes de la Junta que consideramos insuficientes la política sancionadora seguida durante los últimos años, pues no son mas que parches que no arreglan la situación, la empresa paga y sigue incumpliendo. Las sanciones ya no sirven y llevamos demasiados años acumulando expedientes mientras los incumplimientos continúan. Ha llegado el momento de aplicar la legislación y proteger a la población», ha insistido el portavoz de la plataforma, Ruper Sánchez.
Durante la reunión también se ha solicitado «que la Administración valore el traslado del expediente al Ministerio Fiscal por la posible existencia de responsabilidades derivadas de la presunta falsedad en documento público y de los reiterados incumplimientos detectados».
Uno de los aspectos que según los miembros de la plataforma presentes generó debate durante el encuentro fue la «falta de claridad sobre qué órgano de la propia Junta tiene la competencia para ordenar un eventual cierre cautelar de la instalación, mientras desde Salamanca se indicó que dicha decisión corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad Medio Ambiental, esta sostiene que la competencia recae en la Delegación Territorial de Salamanca». Ante esta duda, se ha resuelto que sea el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, «quien determine en una reunión con las partes, quién debe asumir el cierre cautelar de la empresa».
Para la Plataforma, esta contradicción resulta «difícilmente comprensible y no puede convertirse en una excusa para retrasar la adopción de medidas destinadas a proteger la salud pública y el medio ambiente».
Durante la reunión, el delegado territorial informó de que el presidente de la Junta de Castilla y León «conoce personalmente la situación existente en torno a esta instalación y se comprometió con la plataforma a trasladar en las próximas horas información sobre las actuaciones que prevé adoptar la Administración».
Desde Cuidamos Villamayor se insiste en que la ciudadanía «no puede seguir soportando una situación que se prolonga desde hace demasiados años» y recuerda que «el cumplimiento de la legislación ambiental no es una opción para ninguna empresa, sino una obligación cuyo control corresponde a la Administración».
