Santa Marta mantendrá congeladas las tasas e impuestos municipales por 13º año consecutivo, así se ha dado luz verde esta mañana en el pleno ordinario, en el que también se ha aprobado la creación de la nueva tasa de basura impuesta por el Gobierno central. Modificación que ha salido adelante con los votos a favor de la mayoría de la Corporación (12 a favor del equipo de Gobierno PP, dos abstenciones del PSOE y los dos en contra de Vox y Santa Marta Decide).
El debate principal de la sesión se ha centrado en torno a la modificación de esta ordenanza que, como ha explicado la concejala de Economía, Silvia González, “está impuesta por una ley estatal que fuerza a los municipios a repercutir el coste total del servicio a los ciudadanos”, con lo que el Ayuntamiento no podrá asumir la parte que hasta ahora cubría para repercutir en menor medida la cuantía a pagar por los vecinos y reducirles la presión fiscal.
Hasta ahora, «esta ha sido la línea de trabajo que se ha seguido en los últimos 13 años, que no es otra que no cargar a los vecinos con subidas, congelar un año más los impuestos y mantener, además, las bonificaciones y todas las exenciones existentes”, ha insistido la edil del área. Sin embargo “nos encontramos con un panorama nacional que no solo nos afecta a nosotros y que nos obliga, en contra de nuestra voluntad, a imponer el coste total de la recogida y tratamiento de basura al contribuyente”.
En este sentido, el equipo de Gobierno ha remarcado que “esta ley va más allá de la directiva europea y es un ataque a la autonomía local, ya que obstaculiza el poder de decisión de los ayuntamientos en lo referente a cómo se financia el servicio y nos convierte en verdugos de sus ocurrencias”, porque, como ha reiterado el alcalde, David Mingo, «es una ley que tenemos que cumplir pero que genera una situación de inseguridad jurídica y un vacío legal de cómo se debe aplicar. Además, este dinero va directamente al Gobierno de España a través de Girsa, pero con el sello municipal, a pesar de que el Ayuntamiento no recauda nada, porque ni un euro se queda en las arcas municipales».
En cuanto a la aplicación de la nueva ley, el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, defendió la elección de esta fórmula como la más adecuada ya que el Gobierno central nos la impone pero no nos da la solución ni la fórmula para aplicarla. Mingo ha recordado que, además, los ayuntamientos se convierten en meros recaudadores del estado, ya que lo recaudado “no beneficia en absoluto a las arcas municipales”.
A pesar de la indignación y rotundo rechazo a esta normativa «deficiente, ambigua y técnicamente inviable», el equipo de Gobierno se visto obligado a votar la tasa «porque es una ley y hay que cumplirla», aunque, como ha reconocido la edil del área «podrá ocasionar una avalancha de reclamaciones y recursos que habrá que ver cómo se gestionan».
En este sentido, ante la inexistencia de criterios ni referencias exactas sobre cómo aplicarla para saber cuánto contamina cada persona, el alcalde ha afirmado que se ha aplicado el estudio de costes previo que se tiene, estableciendo la tarifa porcentual por vivienda.
Por ello, atendiendo a estas razones, el Grupo Popular ha presentado una moción de urgencia para la retirada o modificación de la ley por la que se rige la subida de la tasa de basura, que ha contado con el visto bueno de la mayoría de los grupos municipales (13 a favor y 3 abstenciones).
Por otra parte, durante la sesión plenaria también se han aprobado las actualizaciones de las tasas de depuración de aguas residuales y suministro de agua potable y alcantarillado, además de ajustes a la normativa en las ordenanzas de los servicios especiales de la Policía Local y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Por último, la Corporación municipal ha dado luz verde por unanimidad a la moción presentada por el Grupo Popular para la ampliación del cuartel de la Guardia Civil y la construcción de las viviendas destinadas a los agentes, para mejorar las instalaciones y condiciones en las que prestan los servicios de seguridad y atención al ciudadano.
