El Consorcio de Gestión de Residuos (Girsa) ha aprobado hoy, por unanimidad, en su Junta de Gobierno asumir hasta el 1 de enero de 2026 los costes de la entrada en vigor de la ley 7/2022, cuya vigencia se activó el pasado mes de abril, y que recoge la obligatoriedad de trasladar a los ayuntamientos los gastos derivados de la gestión de residuos.
Según ha explicado el presidente de Girsa y de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, esta medida supone un “balón de oxígeno para los ayuntamientos” y conlleva que el Consorcio de Gestión de Residuos se hará cargo de casi 2,8 millones de euros.
Javier Iglesias ha señalado que la decisión se ha aprobado en un contexto complejo, ya que la nueva normativa estatal obliga a que los ayuntamientos asuman el coste real de la gestión de tratamiento de los residuos y a ello se suma un nuevo impuesto estatal sobre la emisión de gases de efecto invernadero, que grava los residuos depositados en vertedero con un mínimo de 7 euros por tonelada.
Sin embargo, la aplicación de estas obligaciones fiscales presenta dificultades para los ayuntamientos, ya que las tasas de devengo periódico —como la de basuras— solo pueden aplicarse si están recogidas en ordenanzas fiscales vigentes desde el 1 de enero del año natural. En otras palabras, ningún Ayuntamiento podría legalmente adaptar sus tasas a mitad de año, como exige la entrada en vigor de esta normativa.
Frente a esta situación, Girsa, como entidad supramunicipal, sí tiene capacidad para adaptar sus ordenanzas en cualquier momento del ejercicio, por lo que ha aprobado hacer uso de esta flexibilidad para evitar que los ayuntamientos tengan que asumir el coste extra en 2025.
Desde su punto de vista, esta medida permitirá a los ayuntamientos planificar con calma sus recursos, ajustar sus ordenanzas y planificar con rigor el próximo ejercicio presupuestario, al tiempo que protege a los contribuyentes de cargas fiscales inesperadas.
