La Corporación municipal de Doñinos volvió a reunirse ayer por la tarde para celebrar un nuevo pleno extraordinario en el que se aprobó emprender acciones legales contra las dos empresas que presuntamente han realizado trabajos irregulares en el ciclo de agua del municipio por un importe de 214.000 euros.
PP, PSOE y Vox, con el voto en contra de Cs, han dado luz verde a la aprobación del dictamen de la comisión de investigación Arizán sobre el inicio de acciones para depurar las responsabilidades que correspondan por los trabajos «facturados, cobrados y no ejecutados» en relación con el ciclo del agua de Doñinos, como ha reconocido el equipo de Gobierno, que han insistido en que el control de depósitos que se llevado al pleno «es una sexta parte de todo lo que presuntamente se ha hecho».
En este sentido, han detallado algunas de las actuaciones «no ejecutadas o mal realizadas» en los últimos cuatro años, como las 83 reparaciones de bombas en un año, con 33 facturas repetitivas todos los meses con el mismo importe de reparación (refleja que una bomba se cambió 3 veces en un año); de los sondeos, son facturas recurrentes todos los años de la misma avería; reparaciones mal realizadas en los cuadros eléctricos; realizar instalaciones de gas sin ser un instalador cualificado; cloradores no instalados y no estar autorizado a manipular productos tóxicos; y supuestamente llevar el control de los depósitos, por lo que hay una factura pagada y trabajos no finalizados.
Estas son algunas de las irregularidades detectadas por los populares, que han denunciado también el «intrusismo profesional de caballo, ya que a la persona que llamaba el anterior equipo de Gobierno, no estaba dada de alta y carecía de seguro de responsabilidad civil», a lo que se suma que una de las empresas implicadas «tiene un vínculo familiar directo con el concejal responsable de este área en esos momentos».
El concejal de Vox, Celestino del Teso, ha vuelto a reiterar su voto a favor «para reclamar el 100% de lo que podamos reclamar, porque va a haber un doble coste de lo que hemos pagado y no tenemos, más lo que hay que reponer con los costes actuales».
Asimismo, el Grupo Socialista también ha apostado por seguir con el peritaje y en su defensa por la transparencia, quiere que se pueda «esclarecer y conocer qué ha ocurrido, las consecuencias y el perjuicio que se ha hecho durante todo este tiempo. Que se aclare la situación y hay que recuperar el dinero perdido en el caso que se demuestre que se ha hecho mal y por qué se tomaron esas decisiones».
Por parte del grupo Ciudadanos, ha sido el concejal José Manuel Mateos el que ha defendido a su equipo de las acusaciones vertidas «infundadas», sobre todo de «falsedad documental» contra el anterior alcalde, Manuel Hernández. Por ello, también ha pedido explicaciones sobre el proceso y cómo se ha adjudicado el contrato a esta empresa de peritaje «que podría haber sido más limpio y haberlo visto entre todos».
