La Corporación municipal de Santa Marta ha aprobado por unanimidad de todos los grupos en el pleno ordinario celebrado esta mañana, la modificación de cinco ordenanzas fiscales con el objetivo de actualizarlas a la normativa. Unos cambios que no contemplan una subida de precios, sino que son correcciones y adaptaciones en la redacción de las mismas, como ha asegurado la concejala de Economía, Silvia González.
Entre las ordenanzas que se han modificado está la del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), para adaptarla a la propuesta de Regtsa y fraccionar el pago en 3 recibos sin intereses, en lugar de dos como hasta ahora y de esta manera, dar mayor facilidad a los vecinos a la hora de afrontar el abono de este impuesto, ha señalado la edil del área. En este sentido, el alcalde, David Mingo, ha recordado que actualmente Santa Marta es uno de los municipios con el IBI urbano más bajo, el 0,44 y el rústico en 0,35, que es el más bajo legalmente posible.
Asimismo, con esta finalidad de beneficiar a las empresas que quieran invertir en el municipio y favorecer la construcción de viviendas, también se ha adaptado la ordenanza relativa a la tasa por licencia urbanística y así facilitar la presentación de los proyectos. Hasta ahora se tenía que abonar el total de la misma, independientemente que se presentara el proyecto básico o el de ejecución de la obra y, tras este cambio, se fraccionará el 40% si sólo se presenta el proyecto básico y el 60% si es con el proyecto de ejecución. Si se presentan los dos juntos, para la obtención de la licencia se tendrá que pagar el 100%.
También se han adaptado la ordenanza del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) a la recomendación del Consejo de Cuentas de Castilla y León; la tasa por la expedición de información y trámites administrativos, en la que se eliminan las tasas de exámenes para la promoción interna de los funcionarios y con ellos los costes que conllevan para el Ayuntamiento; y la tasa de depuración de aguas residuales en la EDAR de Salamanca, que al igual que el resto de ordenanzas fiscales y tasas municipales, el Ayuntamiento ha decidido congelar por duodécimo año consecutivo, «a pesar del aumento de costes que tiene que seguir asumiendo el Ayuntamiento», ha reconocido Silvia González. Medida que supone «la apuesta por la ayuda real a los vecinos, rebajando la presión fiscal manteniendo las bonificaciones y exenciones, para no oprimir más las economías familiares».
En el apartado de ruegos y preguntas, las portavoces de Vox y Santa Marta Decide han trasladado al equipo de Gobierno las quejas ciudadanas sobre los baches y estado de las aceras y cajas de suministros en la urbanización Aldebarán y sobre el servicio del autobús. Además, la edil de Vox ha convertido en pregunta la moción sobre la fábrica de grasas de Doñinos para pedir «transparencia e información», a lo que el alcalde le ha respondido: «Desde la responsabilidad municipal y tras más de cinco décadas de haber sufrido este problema con el matadero, no estamos en condiciones de dar lecciones a nadie».
El portavoz municipal, Juan José Santos, ha detallado los pasos que está dando la Junta de Castilla y León como Administración competente, a través de la Consejería de Medio Ambiente, que «es consciente del problema y ya ha tomado las medidas oportunas con la revisión de la autorización ambiental, inspecciones de control periódicas (una en junio y tres en el mes de agosto), la imposición de las medidas técnicas para evitar los olores y la emanación de gases y vertidos; la actualización de sistemas de descontaminación; y ha abierto dos expedientes sancionadores a la empresa por haber superado el límite de emisión de olores sin previa comunicación». En este sentido, Santos ha explicado que la empresa tiene de plazo el primer trimestre de 2025 para llevar a cabo todas estas medidas de envergadura y tenerlas implantadas, si no, procederá a la paralización de la actividad.
