Un grupo de vecinos de Villamayor, acompañados por los portavoces de los grupos municipales de la oposición, los concejales de PSOE, Óscar Casas; Ciudadanos, Begoña Martín; y Vox, Juan Carlos Hernández, han registrado esta mañana en el Ayuntamiento las 1.780 firmas recogidas durante dos semanas en el municipio en contra de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Una medida con la que exigen al equipo de Gobierno (PP) «que reconsidere esta decisión y busque alternativas para financiar los servicios públicos que ofrece a la localidad» y agradecen «a todos los vecinos que han participado en esta iniciativa y a aquellos que han ofrecido su apoyo y solidaridad en este proceso, porque juntos somos más fuertes y lograremos un cambio positivo en nuestro municipio”.
A través de este escrito, los vecinos denuncian una «subida desproporcionada, aprobada por la mayoría absoluta del PP, que aumentará la carga financiera sobre las familias de Villamayor». La subida del tipo impositivo que se aplicará este año va del 0,62 al 0,78 «lo cual supone un 26% de subida, que unido a la actualización catastral realizada para este ejercicio 2024 en algunas zonas del municipio, va a suponer un incremento del 40% (39,76%) lo que se espera recaudar sobre lo recaudado en el ejercicio anterior».
En este sentido, vecinos y grupos de la oposición denuncian que esta subida se produce «en un momento en el que la economía de las familias ya está sometida a una gran presión y el anuncio de la subida del IBI es una bofetada injusta para los ciudadanos del municipio». Por ello, se han visto «en la obligación de levantar la voz en contra de esta medida desproporcionada, desconsiderada y que no se corresponde con el IPC ni ningún otro índice económico que pueda justificarla», han añadido. Además, han querido señalar que esta subida del IBI «no se acompaña de una mejora significativa en los servicios municipales. Los ciudadanos están siendo forzados a pagar más sin recibir un retorno equivalente en términos de infraestructura, seguridad o calidad de vida».
Los representantes de los grupos de la oposición han insistido en que el IBI es un impuesto que afecta de manera directa a todos los propietarios de bienes inmuebles, independientemente de sus ingresos o capacidad económica, con lo que la subida propuesta «solo aumentará la carga financiera sobre las familias ya agobiadas por la inflación, los precios crecientes de la vivienda y los gastos diarios cada vez más elevados». Además, se muestran «profundamente preocupados por el impacto que esta subida tendrá en los ciudadanos más vulnerables del municipio, por los que luchan cada día para llegar a fin de mes».
«Desconocimiento de los grupos de la oposición»
Por su parte, desde el equipo de Gobierno han lamentado que los grupos de la oposición «se presten a esta situación». «Es un sinsentido, cuando saben que está aprobado y no se puede revocar, este año hay que aplicarlos», han señalado y han reconocido que se trata de una medida impopular, «pero nos hemos visto obligados porque era la única opción de obtener fondos para afrontar el aumento de los costes de los servicios municipales y mantenerlos con la calidad que se están ofreciendo». Asimismo, los responsables municipales han reiterado que, además de afectarles también como vecinos, «se revisará el año que viene, porque como hemos dicho, esperamos que sea puntual y transitoria».
El alcalde, Ángel Peralvo, y el teniente de alcalde y concejal de Economía, Daniel Velasco, han querido puntualizar el «desconocimiento de estos grupos políticos que tenemos en la oposición sobre los plazos de alegaciones y reclamaciones, que es cuando tenían que haber mostrado su desacuerdo, porque han tenido 30 días y nadie ha presentado ninguna». «Han tenido tiempo suficiente desde el 28 de septiembre que se inició el estudio de la subida y el mes de alegaciones a partir del 6 de noviembre cuando se publicó la aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)», han reconocido.
Asimismo, han tachado de «patética» la actitud actual de los ediles socialistas, cuando el PSOE en la legislatura 2019 a 2023 subió el IBI el 12%: «Ahora vienen reclamando esta subida, que aunque es mayor viene acompañada de mejoras en los servicios, cuando ellos la aplicaron para nada, porque no hicieron ni inversiones ni mejoras de servicios y lo tuvimos que pagar».
Respecto a la revisión del valor catastral del suelo que aplicará el Catastro este año y que se trata de una medida ajena al Ayuntamiento, el equipo de Gobierno ha querido dejar claro que «no depende del Ayuntamiento, ha coincidido, pero el Ayuntamiento es ajeno a la misma». En este sentido, acusan la falta de «solidaridad ciudadana» de los vecinos que residen en las urbanizaciones que por la tipología de suelo se verán más afectados por esta actualización catastral, «porque deberían recordar que llevan 20 años sin pagar lo que les corresponde», que según el cálculo realizado habría supuesto unos ingresos de 147.000 euros anuales por el valor del suelo en el que residen como urbano.
