El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, junto al diputado de Economía y Hacienda, Marcos Iglesias, ha presentado esta mañana el Plan de Apoyo Municipal (PAM) para 2024, que ascenderá a 12.573.000 euros frente a los 10,8 millones de la convocatoria de este año, lo que supone un incremento de más del 15,6% de fondos, lo que permitirá a los municipios recibir una cuantía superior para mejorar los servicios públicos y afrontar obras y necesidades.
Iglesias ha destacado que el PAM supone «una de las grandes herramientas que se ponen al servicio de los ayuntamientos» y ha insistido en que se trata de uno de los planes «más necesarios y útiles dirigido a todos los municipios de la provincia porque ayuda a crear empleo en el mundo rural y a dar respuesta a sus necesidades». Javier Iglesias ha calificado este plan de «ambicioso y útil» y ha señalado que el municipio que más fondos recibirá será Santa Marta de Tormes con 455.466 euros y el más pequeño, Villasdardo, recibirá 18.686 euros.
Una herramienta que se creó en el año 2013 para atender las necesidades generadas en los pueblos como consecuencia de la crisis económica, ha señalado el presidente provincial, quien se muestra satisfecho de que este plan siga ayudando diez años después y «se reinventa para hacer frente a otra crisis, en esta ocasión a la crisis demográfica que afecta a muchos municipios de la provincia». Así, la principal novedad que incluye el Plan de Apoyo Municipal es el nuevo criterio de la despoblación, por el que se beneficiará directamente a aquellos municipios que más hayan sufrido la pérdida del 3% o más de población en los últimos cuatro años, que se repartirán 600.000 euros más adicionales para hacer frente a los problemas y costes de los servicios públicos que tienen que mantener. En total, 229 pueblos podrán beneficiarse de esta ayuda extraordinaria para paliar los efectos de la despoblación.
La subvención directa que se otorga a todos los municipios de la provincia a través de este Plan, exceptuando la capital, contempla que la ayuda deberá destinarse o bien a la contratación de trabajadores desempleados o para la adquisición de material para acometer obras, dejando a los ayuntamientos la flexibilidad de cómo invertir ese porcentaje de acuerdo a sus necesidades.