La oposición pide investigar la adjudicación de contratos «a dedo» en el Ayuntamiento de Doñinos

Los concejales del PP en Doñinos, Patricio Sadia y Agustín Rodríguez, han denunciado públicamente las presuntas irregularidades cometidas por el equipo de Gobierno.

Los concejales populares en el Ayuntamiento de Doñinos, Agustín Rodríguez y Patricio Sadia, han registrado esta mañana en el Ayuntamiento la moción que debatirán en el pleno de la próxima semana sobre «la situación preocupante, irregular y que puede rayar la ilegalidad» generada por el equipo de Gobierno en la contratación de algunos servicios relacionados con reparaciones en las instalaciones del agua del municipio. El objetivo es crear una comisión de investigación «en la que estemos presentes todos los grupos políticos municipales para que se aclaren los procedimientos de contratación reiterados llevados a cabo, porque ni hay contrato ni queda constancia de que se realizan los trabajos».

En concreto, los ediles populares han denunciado loa gastos anuales realizados por el Ayuntamiento durante los últimos cuatro años por estos trabajos adjudicados «a dedo», que se mueven entre los 60.000 y 70.000 euros, y que suponen un montante total hasta ahora de 234.000 euros. En este sentido, además de la cuantía, la preocupación de los populares se acrecienta «porque no hay ningún contrato firmado con el Ayuntamiento y se está incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público al superar con creces los importes establecidos tanto en contratos menores y mayores», ha insistido el portavoz popular, Agustín Rodríguez.

El contrato menor, como han reconocido los ediles populares, solo es «por necesidades no repetidas en el tiempo y aquí se está convirtiendo la excepcionalidad en algo habitual», como lo demuestra que, según el Grupo municipal Popular, en 2022 se registraron 21 facturas por reparaciones en el ciclo del agua y 8 veces se ha repetido el pasado año el concepto de reparación de las bombas de agua.

Otra de las irregularidades que denuncia el Grupo Popular es que el trabajador autónomo que ha estado realizando las reparaciones «factura a nombre de la empresa y no tiene ninguna vinculación laboral ni contrato con la misma, además de acceder a las instalaciones municipales sin ningún tipo de seguridad con los riesgos que conlleva».

Preocupaciones que han llevado a los concejales del PP a pedir una comisión de investigación a través de la moción que presentarán al pleno del día 29 de noviembre y que, al estar el equipo de Gobierno en minoría, saldrá adelante si todos los grupos de la oposición la apoyan.

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