El Grupo Popular de Doñinos pedirá abrir una investigación por presuntas irregularidades en los contratos del suministro de agua

El Ayuntamiento de Doñinos está viviendo momentos de tensión por las prácticas «poco transparentes» que, a juicio del Grupo Municipal Popular, está llevando a cabo el equipo de Gobierno para la contratación de algunos servicios. Prácticas que en algún momento «pueden traspasar la línea de la legalidad», como las referidas a la prestación de servicios del sistema de distribución de agua.

Desde el Ayuntamiento se vienen realizando gastos anuales durante los últimos cuatro años, que se mueven entre los 60.000 y 70.000 euros, y que son adjudicados «a dedo» a una sociedad no especializada en las reparaciones relacionadas con el ciclo del agua, que ha sido la primera cuestión que ha llamado la atención de los populares.

En la revisión de la documentación realizada por los ediles del PP, figura que esta empresa facturó al Ayuntamiento en el año 2020 la cantidad de 18.119,55 euros por compras, montajes y reparaciones de bombas, trabajos de reparación de cuartos de depuración, limpiezas de sondas de piscina, compras de inodoros y lavabos o reparaciones de cuadros eléctricos. Durante el año 2021, la facturación de esos trabajos ascendió hasta los 66.978,59 euros, con trabajos de reparaciones de bombas de agua, motores o cambios de tubería y facturas que superan los 10.000 euros. En el año 2022, la cantidad facturada al Ayuntamiento de Doñinos fue de 73.210 euros, y con facturas que superan los 17.000 euros. En lo que va de año 2023 ya se han superado los 48.700 euros, han denunciado los populares.

Una situación por la que los diferentes grupos políticos han preguntado de forma continuada en las sesiones plenarias y que ante las vagas explicaciones del equipo de Gobierno les ha llevado a solicitarlo por escrito a los técnicos y jurídicos municipales «para aclarar la situación y la legalidad de este tipo de contratos otorgados «a dedo», sin ningún tipo de publicidad, a pesar de ser continuados en el tiempo, y de superar con creces lo que la Ley de Contratos para el Sector Público establece como contrato menor para las obras, establecido en 40.000 euros más IVA, ampliamente superado durante los últimos años».

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