El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha reconocido que ha sido «una sorpresa» la noticia de la denuncia que le ha presentado la Fiscalía de Salamanca por un presunto trato de favor con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo por la contratación de algunos voluntarios para prestar servicio en los parques de bomberos dependientes de la Diputación.
Una acusación que está dispuesto «a aclarar en sede judicial» porque considera que ha actuado con responsabilidad. «Estaremos encantados de poder dar cuenta de todas las acusaciones que se han hecho en esta casa», ha reiterado Iglesias. En este sentido, ha reconocido «estar tranquilo», porque «mi única intención se ha limitado a mi firma de los decretos junto con la del secretario y todas las decisiones que se han tomado respecto a los expedientes denunciados, han tenido siempre como sustento los informes técnicos». Asimismo, Iglesias ha defendido la labor y la profesionalidad de los trabajadores de la Diputación: «En todas las decisiones, el interés tanto los funcionarios de la casa como el mío, solo ha sido el interés público».
El presidente provincial ha dejado claro que «en ningún caso he modificado ni me he negado a firmar lo que se me ha presentado por los funcionarios en estos expedientes» y ha reconocido sentirse «muy apenado», no por él «ni porque aparezca mi nombre, sino porque se está poniendo en duda la capacidad y la profesionalidad de los funcionarios de esta casa que llevan trabajando aquí muchos años y confío plenamente en los funcionarios técnicos y jurídicos de la Diputación de Salamanca». Pena que hace extensible a la Asociación de Bomberos de Ciudad Rodrigo «porque lleva 123 años funcionando y prestando un gran servicio a toda la comarca mirobrigense y a toda la provincia. Son personas que han hecho una labor extraordinaria y no merecen estar sometidos a esta situación. Lo siento enormemente».
