El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado en el pleno correspondiente al mes de octubre el Proyecto de Ordenanzas reguladoras de los tributos, precios públicos y tarifas municipales para el año 2024, que contempla, por décimo año consecutivo, la congelación de los cinco impuestos municipales (el impuesto sobre bienes inmuebles; la plusvalía; el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; el impuesto sobre los vehículos y el impuesto sobre actividades económicas).
Igualmente prevé la congelación de la práctica totalidad de las tasas y precios públicos a los que se ha aplicado la actualización según el IPC de agosto (2,6%) a las tarifas vinculadas a compromisos contractuales (ORA, agua y alcantarillado, servicios funerarios y cementerios municipales, mercado central, estacionamiento del Centro de Transportes y depuración), así como a las tarifas del transporte urbano (salvo el bono-bus especial, que permanece congelado), las cuales continuarán situándose entre las más baratas de toda España (1,10 euros el billete tras un incremento de cinco céntimos y 0,61 euros el bonobús ordinario tras un incremento de dos céntimos). Esta actualización está justificada por el notable incremento que ha supuesto para el Ayuntamiento el nuevo servicio del autobús urbano, un servicio subvencionado en un 74% (unos 12 millones de euros) por el Ayuntamiento para facilitar el transporte a los ciudadanos.
Concesión de bonificaciones
El proyecto de Ordenanzas para 2024 plantea sustituir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como indicador de referencia para el cálculo de los ingresos de las unidades familiares que acceden a beneficios en tributos, precios y tarifas, homologando las Ordenanzas municipales con las de la práctica totalidad de los ayuntamientos, y en coherencia con la finalidad del legislador estatal cuando se creó el IPREM.
De esta manera, se aplica también un criterio más equitativo, en términos de justicia social, de cara a la concesión de beneficios en tributos, precios y tarifas, pues la aplicación del SMI como indicador de referencia había provocado en los últimos años que se desvirtuara la finalidad social que perseguía el Ayuntamiento al establecer dichos beneficios para ayudar a aquellas familias que cuentan con menos recursos.
Asimismo, se crea un baremo nuevo que da acceso a la actual bonificación del 50% en las tarifas de las piscinas y al bono-bus especial (0,03 euros) en el caso del autobús urbano.
Finalmente, se eleva de 30.000 a 50.000 euros el importe de la deuda tributaria para solicitar aplazamiento (12 meses) o fraccionamiento (24 meses) de pago sin prestar garantía.