Las Comisarias de Salamanca y Ávila han llevado de forma conjunta la operación por la que se ha imputado a cinco personas por un presunto delito de falsedad documental al haberse presentado documentos falsificados y fraudulentos ante la Administración para la regularización de personas extranjeras.
La Subdelegación del Gobierno fue la primera en detectar irregularidades en en varios permisos de trabajo y residencia, por lo que pidió informe a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Salamanca, que realizaron la pertinente investigación para demostrar que parte de la documentación presentada era íntegramente falsificada y además las mercantiles que constan como empleadoras son empresas fantasma con administradores que resultaron ser testaferros.
Entre los imputados se encuentran los titulares de al menos dos empresas fantasma, los solicitantes de residencia y de momento dos letradas de asesorías de Salamanca y Ávila. Queda pendiente de localización gestores ubicados en Madrid y determinar su necesaria actuación para que el engaño a la Administración se pueda consumar.
El ‘modus operandi’ ha consistido en que el solicitante de permiso de trabajo y residencia en situación irregular presenta ante la Administración contratos de trabajo indefinidos para la sociedad fantasma previamente creada con un testaferro como titular, además parte de los documentos son íntegramente falsificados y que cuentan con la actuación de las abogadas de gestorías sin escrúpulos para poder llevarlo a cabo.