El sindicato UGT ha denunciado la «grave situación» que está sufriendo el Servicio de Bomberos de la Diputación de Salamanca, «con una plantilla insuficiente e incompleta, con una formación mediocre e incompleta», que se imparte a bomberos de nuevo ingreso, sin protocolos operativos que establezcan una forma de trabajo que los pone en riesgo y precariza el servicio que prestan.
De esta manera, UGT Servicios Públicos se adhiere a la queja planteada por los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Salamanca y que revela que la situación se remonta a octubre de 2022.
Según manifiesta UGT, el Servicio cuenta con una plantilla insuficiente de 26 bomberos que se reparten en los cuatro parques principales y que en algunas zonas, como Vitigudino, únicamente está presente, en el mejor de los casos, un solo bombero, quedando la comarca desprotegida de forma habitual, así como las numerosas vacantes debido a las degradantes e inasumibles condiciones laborales en la que faltan los protocolos operativos que establezcan la forma de trabajo para optimizar las diferentes intervenciones, con el consiguiente perjuicio para el ciudadano y riesgo laboral para los intervinientes.
Además, los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y UGT acusan a la Diputación de Salamanca «de repartir grandes partidas económicas en empresas y en asociaciones de ‘bomberos pseudovoluntarios’ que cobran por sus intervenciones en lugar de apostar por un servicio de bomberos profesional que se ajuste a la legalidad».
Una situación que está provocando un conflicto interno provocado por el sistema de «privatización» implantado en la provincia de Salamanca, con parques en los que desempeñan su labor funcionarios de Diputación, bomberos de Ayuntamiento (en el caso de Béjar) y colaboradores de extinción de incendios con diferencia de horarios y condiciones de trabajo, así como diferentes formas de actuación en la intervención en emergencias, lo que conlleva «una descoordinación alarmante».
Por todo ello, exigen a la Diputación «que cumpla la ley y las sentencias como las que dejó claro que los parques de Ciudad Rodrigo y Guijuelo no podían estar gestionados por una empresa, pues la gestión indirecta no es posible a la hora de prestar un servicio público esencial».
