Salamanca reclama 7,7 millones al Gobierno por los daños derivados de la declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha anunciado la reclamación al Gobierno.

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado la interposición de una reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Gobierno de España como consecuencia de los perjuicios ocasionados a la Hacienda Municipal por la declaración de inconstitucionalidad de la regulación legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía). Unos perjuicios que se cifran en casi 7.705.000 euros.

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, explicó que el Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias (años 2017, 2019 y 2021) declaró contraria a la Constitución la regulación del Impuesto contenida en el la Ley de Haciendas Locales. En este sentido, merece especial mención la Sentencia de 26 de octubre de 2021, que conllevó la imposibilidad de liquidar el Impuesto, lo que provocó que el Gobierno de España aprobara el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre (que entró en vigor el 10 del mismo mes), con el fin de salvar el vacío legal provocado por la sentencia citada.

Como consecuencia de las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, hasta la sentencia de octubre de 2021 el Ayuntamiento se vio obligado a la devolución de las cantidades ingresadas por este concepto en los supuestos en que quedaba acreditada la inexistencia de incremento de valor del terreno transmitido; a la anulación de las liquidaciones practicadas no ingresadas o recurridas en vía administrativa cuando se daba tal circunstancia; y a la declaración de no sujeción al impuesto en dichos supuestos. El daño provocado ascendió así a 3.461.466,71 euros.

A consecuencia de la sentencia de octubre de 2021, el Ayuntamiento tuvo que devolver el importe de las liquidaciones o autoliquidaciones que no habían adquirido firmeza, y tuvo que renunciar a liquidar las transmisiones anteriores a esa fecha que se encontraban pendientes de declaración por los obligados tributarios, o de comprobación y regularización por el Ayuntamiento (al no ser ya exigible el impuesto, hubiera o no incremento de valor). El daño provocado ascendió a 4.243.232,42 euros.

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