La Junta de Castilla y León ha publicado las subvenciones públicas destinadas a la financiación de la oferta formativa dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados en Castilla y León, dando acceso a 215 especialidades con certificado de profesionalidad diferentes. Para la edición de este año cuentan con un presupuesto de 53 millones de euros, un 65 % más que la media de los últimos ocho años, lo que supone un incremento de más de 20 millones.
Otra de las principales novedades que reflejan las bases reguladoras es la valoración del compromiso por parte de las entidades de formación a insertar laboralmente a los alumnos.
Así, el área que dirige Mariano Veganzones ha adaptado las bases a las sentencias judiciales promovidas desde el propio sector para lograr un mercado más competitivo. Todo esto con el objetivo de lograr una mayor ejecución del programa por parte de las academias, que durante los últimos años no ha llegado al 70 %.
Por todo ello, el consejero ha asegurado que seguirán apostando por «impulsar la formación de los trabajadores», algo que considera vital a la hora de «mejorar la empleabilidad y la calidad del trabajo». Desde la Consejería se confía en que, a pesar de ser un reto para el sector, se logre el objetivo de formar a 16.000 alumnos.
