Los diputados del PP denuncian impagos a los abogados del Turno de Oficio de Salamanca

José Antonio Bermúdez de Castro y Maria Jesús Moro, diputados populares salmantinos, han registrado hoy en el Congreso una batería de preguntas sobre temas relacionados con el sistema de justicia en nuestra provincia.  

En el escrito registrado, los diputados piden explicaciones ante el maltrato al que el Ministerio de Justicia está sometiendo a los abogados del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, a los que adeudan los pagos correspondientes a cuatro meses de servicios prestados. Un retraso que, explican, se suma a los que ya tuviera lugar en noviembre de 2018, marzo de 2019 y diciembre de 2019, todos ellos también de varios meses. Adeudo que además se une a las discrepancias sobre impagos del último trimestre de 2019 y 2020.

Además, se han interesado por el proyecto que dejó presupuestado el Partido Popular en los PGE 2018 de rehabilitación de la Audiencia Provincial de Salamanca. «El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho anuncios que no ha cumplido, ha presentado presupuestos incoherentes, se han rechazado las enmiendas del PP al proyecto y ahora el secretario de estado anuncia una ejecución sin conocer la licitación».

Además, los diputados salmantinos se han interesado por las actuaciones arbitrarias de la fiscal general del Estado, que esta vez afectan al fiscal salmantino Francisco Manuel García, adjunto al fiscal de Sala de Menores, con una trayectoria profesional excelente y una especialización en el puesto durante más de 20 años y al que Dolores Delgado ha cesado de forma fulminante. Los parlamentarios se unen al rechazo de este cese, que ya han manifestado también 117 fiscales debido a la pérdida de la especialidad. Ante este nuevo escándalo protagonizado por Dolores Delgado que contribuye a dañar la credibilidad de la institución, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro preguntan al Gobierno si sigue manteniendo la confianza en la Fiscal General del Estado a pesar del perjuicio que se acusa en la credibilidad y percepción de la independencia de la institución y de la justicia española en general.

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