El Ayuntamiento de Salamanda ha informado que solicitará al Gobierno de España la aprobación de un fondo extraordinario para compensar el incremento del déficit de explotación de los servicios de transporte urbano que las administraciones locales han seguido padeciendo a causa de la pandemia de la Covid-19, y que se está viendo agravado por la subida de los precios de los combustibles.
El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha comentado que el transporte público urbano ha sufrido importantes caídas en el número de usuarios, así como en los ingresos derivados del pago de las tarifas por su utilización. En el caso de Salamanca, el descenso de viajeros en 2021 respecto del año 2019 (último prepandemia) se sitúa en algo más del 37%, y el de ingresos por el pago de tarifas en algo más del 40%. En comparación con el primer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2019, arroja una reducción de viajeros del 27% y de los ingresos tarifarios del 30%.
Rodríguez añadió que, como consecuencia de ello, los ayuntamientos se han visto obligados a aumentar las aportaciones que realizan para financiar el funcionamiento de este servicio público esencial. En el caso de Salamanca, en el año 2021 la subvención para hacer frente al déficit de explotación del servicio se incrementó en un 36,5% respecto de la del 2019 (casi 9,1 millones de euros frente a casi 6,7 millones, respectivamente).
Por otra parte, y como consecuencia de la escalada del precio de los combustibles (gas, gasóleo), el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, con una serie de medidas económicas que textualmente pretenden, según su exposición de motivos, «apoyar de forma rápida y decidida a las empresas del sector (del transporte), incluyendo líneas de ayuda directa que garanticen la liquidez de las mismas y la compensación de los costes extraordinarios que han soportado».
Sin embargo, a pesar de admitir entre sus objetivos la ayuda a los sectores del transporte afectados, «e incumpliendo los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional de Transporte por carretera», el Gobierno ha decidido excluir al sector del transporte urbano de viajeros de las ayudas previstas en dicho Real Decreto-Ley, según matizó el concejal de Hacienda.