El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, ha anunciado la petición que llevarán al próximo pleno municipal para exigir al equipo de Gobierno la devolución de oficio del importe de todas las sanciones por ruidos en viviendas particulares y espacios privados tramitadas y cobradas a través de la ordenanza sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana, cuya aplicación ha sido recientemente declarada “no conforme a derecho” por la jurisdicción contencioso-administrativa.
“Esta normativa sanciona la emisión de ruidos desde la vía pública y lo que se estaban tramitando eran sanciones por ruidos procedentes de reuniones o fiestas en pisos, situaciones que perjudicaban la convivencia vecinal y sobre las que se levantaba acta pero sin realizar mediciones acústicas y sin las mínimas garantías jurídicas para iniciar el proceso de sanción correspondiente por parte del Ayuntamiento”, ha explicado.
Los poderes públicos cuentan con instrumentos precisos para sancionar a quienes perturban la convivencia. Así, el Consistorio salmantino cuenta con una ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, “ordenanza desde la que se deberían haber canalizado este tipo de sanciones en pisos”, que contempla una medición de los niveles de ruido clara y objetiva, con todas las garantías exigidas por la legislación vigente.
La aplicación en estos casos de la ordenanza sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana suscitó dudas jurídicas al Grupo Municipal Socialista, dudas que trasladó al equipo de Gobierno de García Carbayo en abril de 2021 desde la máxima lealtad institucional y con el objetivo de salvaguardar los intereses municipales y garantizar los derechos de los vecinos. Sin embargo, “el PP hizo oídos sordos cuando avisamos de que lo que estaba haciendo no tenía encaje legal y atentaba directamente contra dos principios claves del derecho administrativo: el de legalidad y el de tipicidad”. Así, sentencias firmes del pasado mes de diciembre de 2021 de los Juzgados números 1 y 2 de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca han confirmado que la normativa aplicada no se corresponde con su finalidad y que la causa del inicio del procedimiento sancionador, es decir, los ruidos emitidos, no están acreditados en las sanciones porque no se realizaron medidas objetivas de su dimensión.
“Es un escándalo que durante casi veinte años el Ayuntamiento de Salamanca haya estado sancionando a ciudadanos por la normativa incorrecta. Las sentencias son durísimas, porque dicen que han estado sancionando a gente ilegalmente, y la vergüenza ha sido tan mayúscula que han tenido que parar las sanciones”. Además, “que el PP tenga esas sentencias guardadas en un cajón también es significativo, porque las hemos conocido por otra vía. ¿Por qué ocultan lo que ha pasado durante tanto tiempo? Llama poderosamente la atención y tienen que dar muchas explicaciones”, ha señalado Mateos.