Fernández Mañueco muestra su disposición a recuperar las 35 horas semanales

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por el Partido Popular, Alfonso Fernández, ha mantenido una reunión con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la se han tratado las dieciséis medidas que el sindicato considera más urgentes para mejorar la prestación de servicios y las condiciones de los más 85.000 trabajadores.

Una de las medidas más esperadas es la recuperación de la jornada de las 35 horas sea, a la que Fernández Mañueco ha mostrado su voluntad y predisposición, aunque ha matizado que habrá que “gestionar” el tiempo en el que llevar a cabo y aplicar la medida. Además, CSIF ha solicitado la modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical que permita su inclusión en foro de Diálogo Social para » no dejar fuera a la organización mayoritaria y más representativa en las administraciones públicas”, ha destacado el presidente de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro, que demanda una normativa sindical más justa y democrática.

CSIF también considera que deben compensarse las pérdidas entre subidas salariales y crecimiento del índice de precios al consumo (IPC), que en 2022 supondrá una caída real del 4,7% para los 86.000 empleados de la administración de Castilla y León, así como la elaboración por las futuras Cortes regionales de una ley de coordinación, de cuerpos de bomberos y las policías locales, para la impartición de cursos específicos, un complemento de destino unificado, así como un temario único y cerrado para oposiciones y para la promoción interna.  

Mejora de las condiciones de trabajo

CSIF también ha trasladado al candidato popular la necesidad de que el futuro Gobierno de Castilla y León se esfuerce en mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, especialmente en la conciliación de la vida familiar y laboral, en el reconocimiento de los puestos ultraperiféricos para luchar contra la despoblación, en la búsqueda de una regulación del teletrabajo flexible y realista, además de la homogenización de los derechos de los empleados públicos, sin privilegios o diferencias entre laborales y funcionarios.

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