La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, ha valorado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como los más sociales de la historia, que supone la consolidación de “una recuperación justa que llega a todas las personas y todos los territorios”, en la que “nadie puede quedar atrás”.
Inversiones directas
En cuanto a la participación de la provincia en estos Presupuestos para 2022, Salamanca recibirá un total de 53,5 millones de inversiones directas con los que se avanza en los proyectos pendientes de legislaturas anteriores, habiéndose incluido dotaciones para algunos tan importantes para la ciudad y la provincia como la remodelación del enlace de la A-62 y la A-66 (enlace de Buenos Aires), dotado con 2 millones de euros, para proseguir en el impulso del proyecto; las obras de rehabilitación de la Audiencia Provincial, por 426.000 euros; la rehabilitación de la muralla de Ciudad Rodrigo, que recibirá una partida de 387,89 miles de euros, o la adaptación de Tejares para albergar el depósito y taller de restauración del Centro Documental de la Memoria Histórica, con 300.000 euros.
Infraestructuras ferroviarias
En el capítulo de infraestructuras ferroviarias, se incluyen 6,8 millones de euros para la finalización de los trabajos de electrificación del tramo Medina del Campo-Fuentes de Oñoro, además de 1,8 para actuaciones en pasos a nivel, y un millón más para la sustitución de traviesas RS por monobloque.
Ciencia e innovación
De los casi 13.300 millones destinados a I+D+i y digitalización, Salamanca recibirá 1,5 millones de euros para la nueva sede del IRNASA en La Platina y 200.000 euros para la Casa de la Ciencia en Salamanca.
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Es el ministerio que realiza la mayor inversión en la provincia, con casi 16.9 millones de euros. La partida principal se destina al sector de carreteras, en los que se incluyen las previsiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Supone un 33% más con respecto al año anterior, dirigidos principalmente al mantenimiento y conservación de las vías de la provincia (14,8 millones de euros), en línea con el nuevo enfoque del Ministerio. Este, sin renunciar a la construcción ni a la mejora continua de la red, se centra en la inversión en movilidad, donde la sostenibilidad, la digitalización, la tecnificación y la aplicación de sistemas inteligentes de transporte tengan un papel central.
Más inversiones
Dentro de los proyectos de Agenda Urbana y Vivienda, se incluye el Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico en la que se contemplan dos actuaciones en Salamanca.
La primera es la reparación de cubiertas del hospital de peregrinos de Santiago y San Marcos, en Alba de Tormes. El MITMA aporta el 75% del presupuesto total de la actuación que asciende a 106.992,85 euros. La segunda, el acondicionamiento y puesta en valor de la «Ermita de San Blas» de La Alberca. El MITMA aporta el 65% del presupuesto total de la actuación que asciende a 155.588,65 euros. Esto viene a confirmar la apuesta del Gobierno de España por seguir manteniendo el Patrimonio de la provincia de Salamanca.
En materia de Transición Ecológica, se contemplan inversiones en la cuenca del Duero relacionadas con la seguridad de presas, depuración de aguas y mantenimiento de riberas, también del Tajo, que ascienden a los 5.506.820 euros.
La Policía Nacional contará este año con 400.000 euros para acometer obras en sus edificios, cifra que se reproducirá de forma similar cada año hasta completar, en 2025, una inversión total de más de 1,67 millones de euros. Por su parte, Guardia Civil recibirá 50.000 euros este año y otros 130.000 euros en 2023 para este fin.
Empresas y Entes Públicos
De otra parte, el subsector Empresas y Entes Públicos invierte 27,4 millones de euros, en donde cabe destacar, además del presupuesto de ADIF, el de RENFE, por un importe global de 2,9 millones de euros para la realización de actuaciones en estaciones, mejora de la seguridad en la circulación, adquisición de nuevo material móvil, actuaciones sobre material existente, grandes reparaciones, accesibilidad del material rodante y sistemas de información.
Al mismo tiempo, los PGE 2022 impulsan nuevas infraestructuras vinculadas a la creación de empleo, la investigación y la cultura, e inversiones en aspectos de futuro para la provincia. Entre éstos cabe destacar, en el marco de la ciencia y la investigación, las inversiones en el Centro de Láseres Pulsados, con más de 1,8 millones.
La SEPI (Sociedad Estatal Participaciones Industriales) recibirá 9,8 millones de euros, y SIEPSE (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado), 2.310.000 euros para varias actuaciones en el Centro Penintenciario de Topas, por valor de 966.000 euros, y el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Santa Marta de Tormes, por valor de 1.344.000 euros.
Reacciones a los Presupuestos Generales del Estado
Las reacciones a los Presupuestos Generales del Estado no se han hecho esperar. Los diputados y senadores nacionales han realizado una valoración de los mismos. Los parlamentarios nacionales piden cuentas al Gobierno para conocer la aplicación de las partidas de inversión aprobadas para Salamanca correspondientes a los presupuestos de los últimos cuatro años “porque una cosa son las previsiones y otra la realidad y mucho nos tememos que el dinero asignado a Salamanca estos años atrás o se lo han ahorrado o lo han destinado a otros territorios”, subrayó José Antonio Bermúdez de Castro, quien anunció que los diputados han registrado una serie de iniciativas parlamentarias para conocer el grado de ejecución presupuestaria de las principales inversiones que dejó aprobadas para Salamanca el último gobierno del PP y también de algunas partidas de carácter social. “La respuesta a dichas iniciativas demostrarán la falta de compromiso de Sánchez con Salamanca en un momento en que la propaganda del gobierno ya no puede ocultar que las previsiones económicas son una mentira más de un gobierno que habla mucho de escudo social y de que nadie quede atrás, pero se muestra incapaz de bajar el precio de la luz y de contener la inflación que es el peor impuesto para los más vulnerables”.
Medidas irreales
El senador Gonzalo Robles quiso diferenciar entre la política real, que es la que desarrolla el Partido Popular, y la política “del marketing y de publicidad a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno”. “Estos días hemos asistido a la escenificación de algunas medidas como el cheque vivienda, el bono joven o el anuncio de que los pensionistas y los funcionarios subirían un 2% sus retribuciones”, unas medidas que según Robles “contienen letra pequeña” porque la realidad es que “los pensionistas y funcionarios perderán un 2% de poder adquisitivo ya que la inflación es de un 4%” y “el bono joven solo beneficiará al 6% de los jóvenes salmantinos de entre 18 y 30 años”. Por lo tanto, añadió, “la mayoría de los hogares salmantinos van a tener una pérdida de poder adquisitivo y un empobrecimiento”.
Ley de vivienda
Por su parte, la diputada María Jesús Moro reprochó a Sánchez “que ceda una vez más ante cualquier medida que le permita mantenerse en Moncloa aunque perjudique a los españoles” y este es el caso de la Ley de Vivienda. “Su carta de cambio con Podemos: una ley de vivienda de corte chavista que por lo que sabemos profundiza en su ataque a la propiedad privada, apoya a los ocupas frente a los propietarios, penaliza a los ahorradores con la limitación de precios de alquiler y el incremento de impuestos por vivienda vacía y provocará la escasez de vivienda en alquiler y por tanto el intervencionismo”. Una ley que, según María Jesús Moro, conlleva una gran inseguridad jurídica, menos inversiones y más caída de empleo. “Aún no conocemos el texto de la ley, solo algunas medidas, pero si la que presentó podemos en el Congreso con quien ha acordado los presupuestos a cambio de una ley de vivienda a su medida”.
“Nosotros queremos una ley de vivienda que liberalice suelo, que ponga a disposición suelo público para construir viviendas de alquiler a precios razonables, avales del estado para financiación joven de la compra de vivienda, alquileres seguros, deducciones en IRPF del alquiler, incentivos fiscales a la rehabilitación; no queremos una ley que disfraza de política social la privación de derechos de los ciudadanos”.
