El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León urge a la Junta para que se ponga a trabajar y dé soluciones a los más de 35.000 empleados públicos en situación de ‘abuso de temporalidad’, el 33% del total de trabajadores públicos de la Comunidad.
Así lo han denunciado el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Luis Briones, y la de Función Pública, Yolanda Sacristán, que han recordado que ya hace seis meses el PSOE pidió la comparecencia del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, para tratar este asunto.
“Ibáñez está calladito por si acaso y deja hablar al incontinente de Igea, que habla de todo y no sabe de nada”, ha afirmado Briones tras reclamar a Mañueco e Igea que hagan aportaciones al Proyecto de Ley que se tramitará en el Congreso.
En este sentido, Sacristán ha lamentado que tras dos años de legislatura no haya habido ni un solo avance en materia de función pública por parte del ejecutivo regional. Al contrario de lo que está haciendo el Gobierno de España, “que está comprometido totalmente con los empleados públicos para resolver la temporalidad”, como lo demuestra el hecho de que «mientras en la Administración General del Estado la temporalidad representa un 7%, en la Administración de Castilla y León supera el 30%».
“Son miles de trabajadores los que están esperando la acción de la Junta mientras esta no hace nada”, han insistido los socialista, que han anunciado la presentación de una Proposición no de Ley por parte del PSOE en la Comisión de Presidencia de la Cámara autonómica en este sentido.
En esa iniciativa se pide a la Junta que apoye al Gobierno en su objetivo de acabar con la excesiva temporalidad para situarla en el 8% en el año 2024; además de impulsar la negociación colectiva de manera inmediata y convocar los procesos selectivos. También, desde el Grupo Socialista se demanda que se cumplan los plazos que se deriven del proyecto de Ley y que convoque las mesas técnicas y de negociación específicas sobre el proceso de estabilización en Castilla y León inmediatamente, tanto con los sindicatos de la función pública, como con los ayuntamientos a través de la FRMP.