El consejero de la Presidencia de Castilla y León, Ángel Ibáñez, junto a la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, ha firmado con los representantes de las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT los acuerdos relativos a carrera profesional y distribución de fondos adicionales para los empleados públicos de la Administración de la Comunidad.
El objetivo es continuar trabajando por la consolidación de una Administración moderna, equitativa y eficiente, que reconozca la labor y el desempeño de los empleados públicos con garantías. Castilla y León avanza así en un compromiso fundamental para el Gobierno de Mañueco como es la estabilización y la modernización de la Función Pública en la Comunidad, como piedra angular en la prestación de unos servicios públicos de demostrada calidad en todo el territorio nacional.
Al acto de firma han asistido, en representación de CSIF Castilla y León, su presidente, Benjamín Castro, el representante del sector sanitario, Enrique Vega, del sector de educación, Isabel Madruga, y de Administración General, Mariano Prieto; representante por parte de UGT en Castilla y León, el secretario general de Servicios Públicos, Tomás Pérez; por parte de CCOO Castilla y León, la secretaria general de Enseñanza, Elena Calderón, la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Ana Fernández de los Muros, y la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Ana Rosa Arribas.
Durante el acto, el consejero ha destacado especialmente la capacidad de «encuentro y diálogo» que tanto organizaciones sindicales como la Administración de la Comunidad han sido capaces de propiciar por el bien de los empleados públicos. “Hoy hemos suscrito dos acuerdos con las organizaciones sindicales que muestran de manera inequívoca el poder del diálogo, del resultado que ofrece el esfuerzo de las organizaciones sindicales sumado a las garantías de un gobierno que promete y cumple”.
En este sentido, ha destacado que el acuerdo de carrera profesional reconoce el desempeño y la prestación de unos servicios de calidad por parte de los empleados públicos, al tiempo que ha trasladado el fundamento real de este instrumento, que lejos de ser un derecho económico, supone considerar la tarea que el empleado público desempeña día a día, aumentando progresivamente su capacidad y experiencia, y redundando ésta en la propia administración y en la mejora de la calidad de los servicios públicos a los ciudadanos.
“Para este Gobierno, la carrera profesional constituye un elemento fundamental en la potenciación y dinamización del desempeño de los puestos de la administración pública, una prestación cualificada y adaptada al cambio. De ahí que, entre los principios que orientan este acuerdo se encuentren: la progresividad, objetividad, transparencia, o la flexibilidad”, ha indicado Ibáñez.
Distribución de los Fondos Adicionales para la mejora del empleo público
En relación con el acuerdo para la distribución de los fondos adicionales, el consejero ha indicado que éste reconoce el compromiso de los empleados de la Administración con el servicio público, “y con el esfuerzo colectivo, con la singularidad y la responsabilidad de sus atribuciones, y que contribuye a otorgar a nuestros profesionales las consideraciones que merecen”.
En este sentido, hay que destacar que la distribución de los fondos adicionales para la mejora del empleo público tiene su antecedente en el marco del II Acuerdo entre Gobierno y sindicatos de marzo de 2018, que recoge medidas de mejora de empleo público, de condiciones laborales y mejoras retributivas, reposición e impulso de la negociación colectiva en el ámbito de cada administración pública. Al respecto, el consejero ha destacado que Castilla y León ha venido haciendo suyos esos compromisos del Gobierno central mediante las previsiones recogidas en las leyes de presupuestos autonómicos, previsiones que en este Acuerdo ven su fruto, tras el periodo de pandemia.
Entre las cuestiones que contempla el acuerdo, se recoge la aprobación de un incremento retributivo para el personal al servicio del sector público que incluye, además de los correspondientes incrementos anuales previstos, una dotación de fondos adicionales. Esta dotación será para el año 2018 de un 0,2 %, lo que se traduce en más de 1,3 millones para Administración general, más de 1,8 para educación, y más de 2,8 para la gerencia regional de salud; para 2019 un 0,25 %, lo que se traduce en más de 1,7 millones para la administración general, más de 2,3 para educación, y más de 3,8 para la gerencia regional de salud; y para 2020 un 0,30 %, lo que se traduce en más de 2,1 millones para la administración general, más de 2,9 para educación y más de 5,2 para la gerencia regional de salud.
