El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se ha mostrado rotundo sobre la política penitenciaria del Gobierno central respecto a los presos de ETA y su acercamiento al País Vasco y pide que se revisen los cambios que se están realizando. Por ello, ha asegurado que es «el momento de que sigan cumpliendo su condena y de que se esclarezcan los 300 crímenes cometidos por ETA y que permanecen impunes», en respuesta a las palabras de Arnaldo Otegi de que es «el tiempo de sacar a los presos» a raíz de los indultos a los separatistas condenados.
Declaraciones que el primer edil ha realizado tras la concentración silenciosa que se ha llevado a cabo en la Plaza Mayor en recuerdo del 24 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Un acto que ha estado presidido por el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, además del presidente de la Diputación, Javier Iglesias; la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez; el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) de Castilla y León, Sebastián Nogales, y miembros de la Corporación municipal.
Por ello, García Carbayo ha pedido que se revisen los cambios que el Gobierno de España está acometiendo en la situación penitenciaria de los presos etarras, que ha provocado que a día de hoy únicamente tres continúen cumpliendo condena en primer grado.y ha reclamado una reflexión acerca de los acercamientos al País Vasco y a las comunidades limítrofes de los reclusos de la banda terrorista. «Hay que replantearse el desmantelamiento de las políticas penitenciarias fijadas por otros gobiernos».
En este sentido, el alcalde ha insistido en que Salamanca «es una ciudad de concordia que siempre ha defendido y defenderá la dignidad de las víctimas y su memoria frente a quienes pretender imponer un relato que no se corresponde con la realidad» y ha lamentado que frente al compromiso de la ciudad con las víctimas “hay otros más tibios” que pactan con los herederos de la banda terrorista porque los necesitan para asegurarse la aritmética parlamentaria. Por ello, ha concluido defendiendo más recursos para garantizar los derechos laborales, sociales y sanitarios de las víctimas y de sus familias «que hasta ahora no se han visto satisfechos».
