La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado en parte un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del IVA del ejercicio de 2017 tras la entrada en vigor del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, y ha condenado a la Administración del Estado a abonar a la Administración autonómica demandante la compensación que corresponda cuyo importe habrá de fijarse en ejecución de sentencia.
El Supremo destaca que la estimación no es total porque no puede aceptarse la concreta cuantía compensatoria que propugna Castilla y León de 182 millones de euros, al no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado.
La sentencia añade que la compensación concreta habrá de fijarse en ejecución de sentencia; y su cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades, esto es, incluyendo también la correspondiente al mes de noviembre de 2017.
Castilla y León recurrió al Supremo contra la desestimación presunta de la reclamación que realizó el 21 de febrero de 2020 al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del IVA del ejercicio 2017.
Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha valorado la sentencia que refleja que la Junta “siempre ha buscado el acuerdo y el consenso”. “El Tribunal Supremo nos ha dado la razón. Castilla y León gana y Sánchez pierde”, insiste Fernández Mañueco.
Además, destaca que el Tribunal Supremo señala que el Gobierno Sánchez «ha vulnerado por un lado el principio de lealtad institucional y, por otro, el de la autonomía financiera de las comunidades autónomas», asegura el presidente regional. Por ello, va a reclamar una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera «para que ese dinero llegue cuanto antes, porque es de las personas de Castilla y León» y reconoce que irá destinado «a la reactivación económica íntegramente, a los autónomos, a las pymes y a los empresarios que más han sufrido por la pandemia”, concluye Fernández Mañueco.